De acuerdo con Infobae, que cita el aviso publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de agosto, los operadores de juegos con apuesta, concursos y sorteos autorizados por la Secretaría de Gobernación (Segob) tienen como plazo general el 30 de noviembre de 2026 para actualizar sus procesos internos. La fecha corresponde a las nuevas Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Estos datos aún no se han verificado contra el texto del DOF ni con una segunda fuente.
El plazo coincide con una reforma en preparación a la Ley Federal de Juegos y Sorteos y con investigaciones abiertas contra casinos por presunto lavado de dinero.
Qué cambia con las nuevas reglas
Según Infobae, las reglas aterrizan las reformas a la LFPIORPI dadas a conocer en 2025 y 2026. El cambio central es que el enfoque basado en riesgo se vuelve el principio rector del cumplimiento. Los sujetos obligados, entre ellos los permisionarios de juegos y sorteos, deben identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos ligados a sus clientes, sus operaciones y las zonas geográficas.
También se refuerzan tres frentes:
- Las medidas de conocimiento del cliente.
- La identificación del beneficiario controlador, es decir, quien en última instancia es dueño o controla a un cliente.
- La detección de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Las obligaciones entran en vigor de forma escalonada. No está confirmado si todas las que aplican al sector de juego vencen el 30 de noviembre o si algunas tienen fechas posteriores.
La reforma a la ley de 1947
Según la versión de Infobae sobre la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del 3 de septiembre, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que Segob concluyó un anteproyecto de reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, vigente desde 1947. Los objetivos declarados son combatir el lavado de dinero y la defraudación fiscal en casinos y centros de apuestas.
El proyecto ya había pasado la revisión interna, pero requería el visto bueno del gabinete de seguridad antes de llegar al Congreso. No se ha difundido el texto. Rodríguez dijo que la propia industria había pedido actualizar la ley. No hay información confirmada sobre avances posteriores.
Investigaciones en curso
En la misma conferencia, la secretaria señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan a “13 casinos y de otros más, deben de ser unos 20” por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal. No dio nombres.
Según reportes previos de Infobae, en noviembre de 2025 la UIF detectó operaciones de alto riesgo en 13 casinos, como movimientos en efectivo, flujos internacionales y plataformas digitales sin supervisión, lo que derivó en congelamiento de cuentas. Infobae también reportó que en julio de 2026 la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) suspendió 10 dominios de casino en línea que operaban con permisos mexicanos, en medio de investigaciones que incluían posible lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Qué significa para operadores y afiliados
Para operadores, la prioridad es documental: contar con una evaluación de riesgos por cliente, operación y geografía, además de procesos reforzados de conocimiento del cliente, beneficiario controlador y filtrado de PEP. Conviene que el área de cumplimiento revise directamente el aviso del DOF para confirmar qué vence el 30 de noviembre y qué después.
Los congelamientos y suspensiones reportados, junto con las investigaciones mencionadas por Segob, indican que un permiso no exime de revisiones.
Sobre la reforma a la ley de juegos no hay texto público. Lo prudente es seguir la decisión del gabinete de seguridad y cualquier iniciativa en el Congreso, sin anticipar su contenido.
Para afiliados, es posible que controles más estrictos hagan más exigentes el registro y los pagos en algunas marcas, con efecto en la conversión; es una lectura propia, no algo señalado por autoridades. También vale la pena verificar periódicamente el estado de permisos y dominios de las marcas que se promueven.
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