La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó por unanimidad un amparo a Operadora Cantabria, la empresa que opera los casinos de Codere en México, según informó El CEO. De acuerdo con ese medio, la compañía buscaba librarse de otorgar una garantía ante el SAT. Sin ella no puede detener los embargos ligados al cobro de un crédito fiscal de 546 millones de pesos. El Pleno resolvió el asunto en su sesión del 18 de noviembre de 2026, con proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra.

El CEO fue el medio que vinculó el fallo con Codere y reportó el monto. Otros sitios retomaron o republicaron su nota. Una reseña de la sesión publicada por El Chamuco no menciona a la empresa, pero sus detalles del caso coinciden: IEPS de 2013 y garantía como condición para la suspensión.

De dónde viene el adeudo

Según El CEO, en 2024 el SAT le determinó a Operadora Cantabria un crédito por 546 mdp por concepto de IEPS del ejercicio fiscal 2013. La reseña de El Chamuco agrega que el adeudo también incluye aprovechamientos, actualización, recargos y multas.

La empresa impugnó el cobro ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). El tribunal le concedió la suspensión definitiva, pero condicionada a que otorgara garantía. Operadora Cantabria presentó un recurso de reclamación y luego un amparo contra el artículo 28, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA). Alegó que la norma vulnera sus derechos de igualdad, seguridad jurídica y acceso a la justicia. El caso llegó a la Corte vía recurso de revisión.

Lo que resolvió la Corte

El Pleno declaró constitucional la disposición. Consideró que exigir garantía para suspender el cobro es compatible con la igualdad y el acceso a la justicia, y que reglas de suspensión distintas en distintos procedimientos no son, por sí mismas, discriminatorias.

La resolución recuerda que el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación fija las formas de garantizar, y que el artículo 87 de su reglamento faculta a la autoridad fiscal para revisar y aceptar la garantía.

Según El CEO, la ministra Herrerías sostuvo que la garantía “constituye un requisito de efectividad” de la suspensión. El mismo medio indica que en la sesión se resolvió, con el mismo razonamiento, otro asunto relacionado con esa ley, cuya identidad no se ha dado a conocer.

No se localizó un comunicado de la SCJN, el número de expediente ni el texto de la sentencia. Tampoco se localizó un comunicado de Codere sobre el fallo.

Un frente fiscal que viene de atrás

Este litigio es distinto de otro que enfrenta Codere de México. De acuerdo con reportes de prensa de mayo de 2025, la Primera Sala de la SCJN confirmó, por mayoría de 3 votos contra 1, un crédito fiscal de 1,272,385,927 pesos, y rechazó el argumento de que el SAT no podía aumentar el monto tras anularse una primera determinación. Algunas publicaciones han mezclado ambos asuntos, pero se trata de créditos diferentes.

Qué significa para operadores y afiliados

Litigar no congela el cobro sin costo. La Corte confirmó que la suspensión ante el TFJA puede condicionarse a una garantía. Quien impugne un crédito del SAT debe prever que tendrá que garantizar el interés fiscal si quiere frenar embargos mientras litiga.

Impacto en liquidez. Garantizar un crédito compromete recursos o capacidad de financiamiento. Conviene provisionar estas contingencias desde que se impugna una determinación, no cuando llega el embargo.

Los ejercicios antiguos siguen vivos. Un crédito de IEPS de 2013 se determinó en 2024 y se discute en la Corte en 2026.

Riesgo de contraparte para afiliados. No hay información de que este fallo afecte la operación de las salas o plataformas de Codere. Aun así, las contingencias fiscales de un socio comercial vale la pena seguirlas al negociar acuerdos de largo plazo.

Falta la letra fina. Mientras no se publique la sentencia, el alcance exacto del criterio debe tomarse con cautela.

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